UCEP, la Patota de Macri.

La Unidad de Control de Espacios Públicos (UCEP), se creó el 29 de octubre del año pasado, por el decreto 1232/08, con el objetivo de “mantener el espacio público libre de usurpadores por vía de la persuasión”.

Fueron reclutados por Aníbal Ibarra y durante años se los conoció como “fuerza para tareas especiales”. Esta gestión eligió a los 29 “mejores”, y les dio uniformes y logística para que ayuden al jefe de Gobierno a “desintrusar” las calles.

Se trata de un cuerpo de 29 civiles bastante corpulentos y de aspecto poco amistoso –algunos los recuerdan como “los tiburones” debido a la ferocidad con la que actúan desde sus inicios – que trabajan de sol a sol, en tres turnos de ocho horas y con una agenda bien clara para “limpiar de intrusos los lugares públicos, en nombre de la ley”, tal como reconocen con soltura ellos mismos.

El equipo, que responde a un líder apodado “El Tano” (ex barrabrava de Chicago), está contratado por el Gobierno porteño desde hace años, aunque siempre estuvieron repartidos en distintas dependencias.

Pero el 29 de octubre, el Decreto 1232/8, firmado por Macri, Piccardo y Grindetti (Hacienda) creó la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), cuerpo que los agrupa y faculta para “mantener el espacio público libre de usurpadores por vía de la persuasión y la difusión de la norma vigente y las sanciones correspondientes” y “colaborar operativamente en mantener el orden”, entre otras responsabilidades.

Soldados PRO:

Si bien trabajan codo a codo con la Policía y la Justicia, son siempre los primeros en llegar a una “situación de conflicto”, para “descomprimir la situación y preparar el terreno para la policía” cualquiera sea el ministerio involucrado, ya que no sólo operan para Espacio Público.

Al ser consultados sobre sus cuestionados métodos para “limpiar” las plazas, juran que son pacíficos pero reconocen que hay ocasiones en las que tienen que mostrar los dientes: “La otra vez un usurpador no se quería ir y hasta que no le cruzarmos un camión de basura y le dijimos que le íbamos a tirar todo, no nos entendió. Sólo hacemos cumplir la ley”, se defienden.

La patota PRO en la mira:

No actúan de día, sino de noche, con autos no identificados en la mayoría de los casos y sin ningún tipo de legalidad. Golpean a quienes viven en la calle así como intervienen en los desalojos, que cada vez son más en la ciudad, en donde la crisis habitaciones es cada vez mayor.

En octubre, el mes en que se creó la UCEP, la Defensoría del Pueblo porteña registró tres denuncias que refieren al uso de la violencia contra cartoneros y cirujas en la vía pública. La que más compromete a esta fuerza es de Gustavo Diego Pérez, un “recuperador urbano” que asegura que a las 2 de la madrugada del 2 de octubre, trece personas que bajaron de un camión con la inscripción “Panizza” y de cuatro camionetas en Lima e Independencia, le tiraron todas sus pertenencias en una compactadora y las destruyeron, junto con sus documentos. Según su testimonio, lo mismo les sucedió a varios compañeros. Pero uno se atrevió a espiar la patente del camión e hizo la denuncia. La Defensoría la chequeó y comprobó que el rodado está a nombre del Gobierno porteño.

Otra de las denuncias corresponde a Jorge Enrique Alonso, Párroco de la iglesia Inmaculado Corazón de María: asegura que el 7 de octubre a la 1 A.M. en Constitución al 1000, donde vive, fue testigo de la agresión física a un indigente de 66 años que duerme desde hace ocho meses bajo la autopista. Vio cómo más de 20 jóvenes lo echaron a patadas y lo golpearon en el estómago luego de amenazarlo con cortarle el cuello con un instrumento cortante. Los insultaron y le dieron, en nombre del Gobierno porteño, 24 horas para desocupar el lugar. Si no –amenazaron– volverían e incendiarían sus pertenencias.

¡DISOLUCIÓN YA DE LA PATOTA DE MACRI!